Luis Christian Rivas Salazar
Primero el gobierno aprobó el 19 de marzo de este año, el Decreto Supremo Nº 29480, para frenar las exportaciones de aceite para abastecer el mercado interno y conseguir la rebaja del precio del producto.
Después, el gobierno aprobó un segundo Decreto Supremo Nº 29524, donde se fijó un bando o tope máximo al precio del aceite, para permitir a las aceiteras que se ajusten al precio, la venta del producto al exterior del país; previo trámite burocrático por un certificado en el Ministerio de Producción y Microempresa, que servirá de aval para poder exportar.
Durante la vigencia del primer decreto, el gobierno amenazó quitar el subsidio del diesel a estos empresarios, sin reparar, en que la efectivización de esa amenaza repercutiría en el precio del aceite comestible; ya que al subir los costes para la producción y comercialización de este producto, por la elevación del precio del diesel no subsidiado, necesariamente subiría el precio del producto oleaginoso, lo cual sería contraproducente a los objetivos que el gobierno pretende alcanzar.
Como resultado de estas decisiones políticas, se empeoró la crisis del aceite, con el riesgo de perderse la confianza por incumplimiento de contratos y la posible pérdida de más de 300.000 empleos, cuyos afectados serian campesinos, agricultores, transportistas, gremialistas, comerciantes, obreros, cargadores, etc.
Para rematar la situación, el vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que en Bolivia "terminó" la "jauja" del libre mercado, que ésta pertenece al siglo pasado, aseveraciones que deben preocuparnos. La alusión a "Jauja", se remonta a un valle del Perú, famoso por la riqueza de su territorio y denota todo lo que quiere presentarse como tipo de prosperidad, bonanza y abundancia. Nos preguntamos: ¿la década pasada tuvimos una etapa de Jauja? ¿Y si la tuvimos, acaso no nos conviene tener un periodo de Jauja permanente? ¿O Jauja en el sentido de engaño? ¿Si es así, dónde está el engaño?
Bajo el título de "precio justo" y con el fin de terminar con la libertad económica, el gobierno se ha dado a la tarea de realizar una actividad que en la realidad, significó la bancarrota económica de la URSS. La planificación desde el gobierno, no puede funcionar, ya que éste no tiene la información necesaria ni correcta para asignar precios a los diferentes productos. Los consumidores y los productores generan esa información al comprar y vender. Una planificación, basada en el "precio justo", mataría la competencia y eliminaría los precios del mercado. Esto ya fue ampliamente expuesto en los años 20 por el economista Ludwig Von Mises y posteriormente por F.A. Hayek.
La realidad se encargó de darles la razón. En Bolivia, no sólo se busca controlar los precios, también se fomenta la creación de industrias estatales de diversos productos, lo que de alguna manera eliminaría la competencia y la calidad de los productos para generar privilegios, subvenciones, monopolios a favor de las empresas estatales. Lo que afectaría a la empresa privada, ya que sería muy difícil competir contra el Estado.
Este afán de fijar el "precio justo" se expandirá a otros objetivos. Ahora es el aceite, después serán otros productos. Del mismo modo, la creación de empresas estatales se está expandiendo a diversos rubros (aeronáutica, papeles, cartones, alimentos, etc.). De esta manera somos testigos del crecimiento innecesario del Estado, lo que repercutirá en cobros y aumento de tributos, en desmedro de la población, ya que solventar el pesado aparato burocrático, cuesta.
Cuando una empresa privada fracasa, entra en quiebra y se la liquida, pero cuando una empresa pública fracasa, se expande, nos decía el Nóbel Milton Friedman. El progreso de un país se verifica cuando la mayoría de los valores económicos obtenidos se consiguen mediante la institución llamada empresa privada. Esta es una lección que los políticos en función de gobierno no quieren entender.
La otra lección que se omite deliberadamente, es que el sistema capitalista actúa en beneficio de las masas, especialmente de los más pobres. Los países que asumen estas ideas reducen considerablemente su atraso y solucionan paulatinamente su pobreza. En Latinoamérica, países como El Salvador y nuestros hermanos peruanos, nos mostrarán los resultados, el temple y la fuerza de la libertad económica.
En el ámbito jurídico, en nuestro país todavía se garantiza constitucionalmente la libertad de comercio y de trabajo, y, mientras subsista el satanizado D.S. 21060 y Bolivia sea miembro de la Organización Mundial de Comercio, podemos apelar a algún tipo de protección frente al Estado.
Algunos comparan el comercio con la luz de un faro que atrae extranjeros, como mercancías. Recordemos lo que nos decía Arnold Johnson: "El comercio ha sido audaz y ha alcanzado los oscuros rincones del mundo, pero el mismo permanece por más tiempo allí donde es más bienvenido y mejor agasajado. Allí donde hay faros llegan los navíos; algunos pueden arribar adonde no hay luz alguna, pero con los rayos de bienvenida acuden la mayoría de ellos y los ricamente cargados". El comercio, como el capital, permanece por más tiempo allá donde es bienvenido.
La libertad es una e inseparable. La libertad económica está acompañada de la libertad política; la una sin la otra, sólo puede ocasionar a la larga una sociedad débil e incompleta. La libertad económica es buena, nos beneficia y nos asegura la propia supervivencia. Lo contrario a la libertad es la esclavitud. En Bolivia estamos dando más argumentos para la servidumbre del individuo al Estado; concretamente con el crecimiento del Estado tendremos que someternos a "dictadorzuelos administrativos burocráticos". No tengamos miedo a la libertad, ésta nos pide la propia responsabilidad, la cual debe ser abrazada, no temida.
Primero el gobierno aprobó el 19 de marzo de este año, el Decreto Supremo Nº 29480, para frenar las exportaciones de aceite para abastecer el mercado interno y conseguir la rebaja del precio del producto.
Después, el gobierno aprobó un segundo Decreto Supremo Nº 29524, donde se fijó un bando o tope máximo al precio del aceite, para permitir a las aceiteras que se ajusten al precio, la venta del producto al exterior del país; previo trámite burocrático por un certificado en el Ministerio de Producción y Microempresa, que servirá de aval para poder exportar.
Durante la vigencia del primer decreto, el gobierno amenazó quitar el subsidio del diesel a estos empresarios, sin reparar, en que la efectivización de esa amenaza repercutiría en el precio del aceite comestible; ya que al subir los costes para la producción y comercialización de este producto, por la elevación del precio del diesel no subsidiado, necesariamente subiría el precio del producto oleaginoso, lo cual sería contraproducente a los objetivos que el gobierno pretende alcanzar.
Como resultado de estas decisiones políticas, se empeoró la crisis del aceite, con el riesgo de perderse la confianza por incumplimiento de contratos y la posible pérdida de más de 300.000 empleos, cuyos afectados serian campesinos, agricultores, transportistas, gremialistas, comerciantes, obreros, cargadores, etc.
Para rematar la situación, el vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que en Bolivia "terminó" la "jauja" del libre mercado, que ésta pertenece al siglo pasado, aseveraciones que deben preocuparnos. La alusión a "Jauja", se remonta a un valle del Perú, famoso por la riqueza de su territorio y denota todo lo que quiere presentarse como tipo de prosperidad, bonanza y abundancia. Nos preguntamos: ¿la década pasada tuvimos una etapa de Jauja? ¿Y si la tuvimos, acaso no nos conviene tener un periodo de Jauja permanente? ¿O Jauja en el sentido de engaño? ¿Si es así, dónde está el engaño?
Bajo el título de "precio justo" y con el fin de terminar con la libertad económica, el gobierno se ha dado a la tarea de realizar una actividad que en la realidad, significó la bancarrota económica de la URSS. La planificación desde el gobierno, no puede funcionar, ya que éste no tiene la información necesaria ni correcta para asignar precios a los diferentes productos. Los consumidores y los productores generan esa información al comprar y vender. Una planificación, basada en el "precio justo", mataría la competencia y eliminaría los precios del mercado. Esto ya fue ampliamente expuesto en los años 20 por el economista Ludwig Von Mises y posteriormente por F.A. Hayek.
La realidad se encargó de darles la razón. En Bolivia, no sólo se busca controlar los precios, también se fomenta la creación de industrias estatales de diversos productos, lo que de alguna manera eliminaría la competencia y la calidad de los productos para generar privilegios, subvenciones, monopolios a favor de las empresas estatales. Lo que afectaría a la empresa privada, ya que sería muy difícil competir contra el Estado.
Este afán de fijar el "precio justo" se expandirá a otros objetivos. Ahora es el aceite, después serán otros productos. Del mismo modo, la creación de empresas estatales se está expandiendo a diversos rubros (aeronáutica, papeles, cartones, alimentos, etc.). De esta manera somos testigos del crecimiento innecesario del Estado, lo que repercutirá en cobros y aumento de tributos, en desmedro de la población, ya que solventar el pesado aparato burocrático, cuesta.
Cuando una empresa privada fracasa, entra en quiebra y se la liquida, pero cuando una empresa pública fracasa, se expande, nos decía el Nóbel Milton Friedman. El progreso de un país se verifica cuando la mayoría de los valores económicos obtenidos se consiguen mediante la institución llamada empresa privada. Esta es una lección que los políticos en función de gobierno no quieren entender.
La otra lección que se omite deliberadamente, es que el sistema capitalista actúa en beneficio de las masas, especialmente de los más pobres. Los países que asumen estas ideas reducen considerablemente su atraso y solucionan paulatinamente su pobreza. En Latinoamérica, países como El Salvador y nuestros hermanos peruanos, nos mostrarán los resultados, el temple y la fuerza de la libertad económica.
En el ámbito jurídico, en nuestro país todavía se garantiza constitucionalmente la libertad de comercio y de trabajo, y, mientras subsista el satanizado D.S. 21060 y Bolivia sea miembro de la Organización Mundial de Comercio, podemos apelar a algún tipo de protección frente al Estado.
Algunos comparan el comercio con la luz de un faro que atrae extranjeros, como mercancías. Recordemos lo que nos decía Arnold Johnson: "El comercio ha sido audaz y ha alcanzado los oscuros rincones del mundo, pero el mismo permanece por más tiempo allí donde es más bienvenido y mejor agasajado. Allí donde hay faros llegan los navíos; algunos pueden arribar adonde no hay luz alguna, pero con los rayos de bienvenida acuden la mayoría de ellos y los ricamente cargados". El comercio, como el capital, permanece por más tiempo allá donde es bienvenido.
La libertad es una e inseparable. La libertad económica está acompañada de la libertad política; la una sin la otra, sólo puede ocasionar a la larga una sociedad débil e incompleta. La libertad económica es buena, nos beneficia y nos asegura la propia supervivencia. Lo contrario a la libertad es la esclavitud. En Bolivia estamos dando más argumentos para la servidumbre del individuo al Estado; concretamente con el crecimiento del Estado tendremos que someternos a "dictadorzuelos administrativos burocráticos". No tengamos miedo a la libertad, ésta nos pide la propia responsabilidad, la cual debe ser abrazada, no temida.
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