Luis Christian Rivas Salazar
El satanizado D.S. 21060 en su art. 49, nos dice que: "Los bienes y servicios en general podrán exportarse libremente. Por consiguiente, todo producto industrial, artesanal, minero, agropecuario u otro, cuyo cultivo o elaboración sean lícitos, podrá exportarse sin necesidad de permisos o licencia previas…". Mientras subsista este decreto, tenemos la esperanza de tener libertad económica.
Asimismo, el art. 72 del mismo, nos dice: "A partir de la fecha (1985) se determina que los precios de bienes y servicios en todo el territorio de la República, se establecerán libremente". Lo que significa que los precios, los establece la oferta y la demanda, el mercado.
Para muchos desinformados, el libre comercio es la causa del problema, piden la intervención del Estado, porque: "El Estado debe corregir las desigualdades que provoca el fracasado sistema económico", demagógicamente recurren al viejo y trillado discurso del "idiota latinoamericano".
Pero actualmente, la realidad nos demuestra que la injusticia proviene del Estado. El problema es la intervención. Cuando el Estado interviene en economía por una "buena intención", lo que produce es el efecto contrario, provoca injusticia, aumenta la desigualdad, otorga privilegios, subvenciones, monopolios, empobrece, en otras palabras: "prostituye el mercado".
Los productores, empresarios, empleados industriales, cargadores, transportistas, comerciantes, etc., piden que el Estado deje de intervenir en el mercado, reclaman que les dejen ejercer una de las actividades más antiguas y anteriores a la creación de cualquier Estado, una actividad que se presenta como una institución social de creación espontánea, que permite y permitió la supervivencia de millones y millones de humanos, estamos hablando del comercio.
Gracias a la intervención arbitraria y abusiva del Estado, estamos perdiendo la oportunidad de mostrarnos confiables frente a otros países. Ganarse la confianza es muy difícil y cuando se la pierde es casi imposible volver a recuperarla. No por nada, Alan García, Presidente del Perú, manifestó que la prohibición del gobierno boliviano a la exportación de aceites comestibles "es un error", ya que esa medida también afecta a su país, que compra 18.000 toneladas del producto.
Ante tales declaraciones, el Ministro de Hacienda boliviano, Luis Arce, asumió la vieja postura ideológica del "idiota latinoamericano", dijo: "No podemos aceptar que ningún presidente, de ningún país, nos diga si las medidas (que adoptamos) son buenas o malas", también criticó la política "neoliberal de países como Perú y Colombia". Que por cierto, Perú tiene como asesor económico a un gigante como Hernando de Soto, lamentablemente en Bolivia tenemos a utópicos irresponsables.
Conviene advertir que colombianos y peruanos celebran en Bogotá la cuarta ronda de negociaciones de un acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, siglas en inglés), cuyos países integrantes son: Suiza, Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein, sesiones que terminarán el 6 de abril de 2008, donde se pretende establecer acuerdos comerciales bilaterales, en otras palabras firmar TLC y crear oportunidades para generar trabajo, productos, capital, etc. Ejercer el satanizado Libre comercio.
En Bolivia el "idiota latinoamericano" está en función de gobierno, irresponsablemente puede manifestar que el Estado se ocupará de exportar soya a Venezuela, como lo mantuvo el Viceministro de Transportes, José Kinn, o como dijo la Ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero: "que los transportistas y los pequeños productores no deben preocuparse porque el Estado está en capacidad de comprar la producción". Mentira. Ni qué decir del Ministro Ramón Quintana, que advirtió con emitir medidas más drásticas hasta que los empresarios bajen el precio del aceite. Así el burócrata interviene en la esfera privada. Castiga al que tiene cierto éxito, en vez de estimularlo.
El economista Ludwing Von Mises, nos advertía que la regulación de los precios y la intervención del Estado en la economía conduce hacia el socialismo, ya que cuando el Estado cree que el precio del aceite es demasiado alto, en su intento de fijar un precio tope para el mismo, obliga a producir con pérdidas, por lo que el productor se verá obligado a comprar menos soya. Nadie, en su sano juicio, produce para perder, por lo que, el productor se verá obligado a dejar de producir y vender aceite en un mercado controlado, preferirá realizar otra actividad más provechosa o trasladar su industria a otro país. Por lo tanto, habrá menos aceite para la población. Seguramente, en principio, no fue esa la intensión del gobierno, pero su intervención puede generar efectos no deseados. Un problema mayor y peor surge a partir de unas "buenas intensiones".
El Estado intervencionista, como dice Mises, no admite su fracaso, no se abstiene de manipular los precios, sigue adelante fijando los precios de los factores de producción que se requieran para producir aceite. El gobierno, impone precios, regulaciones, trabas a todos los artículos necesarios para producir aceite comestible: soya, mano de obra, transporte, materiales.
Sin duda los ciudadanos bolivianos, poco a poco se están dando cuenta de la importancia de la Economía de Mercado, pero están aprendiendo con sangre, gracias al intervencionismo estatal. Pero: ¿En esta "Guerra del aceite" dónde está la dirigencia fabril?
Entre las condiciones de la oposición para volver al diálogo, está el pedido de no intervención estatal en la economía. Por eso, se prevé el fracaso del diálogo, ya que el Vicepresidente cerró toda señal de apertura, tras la decisión unilateral del gobierno de no tocar temas económicos en el mismo.
Aprendamos la lección: mientras más intervención estatal, más pobreza y desempleo.
El satanizado D.S. 21060 en su art. 49, nos dice que: "Los bienes y servicios en general podrán exportarse libremente. Por consiguiente, todo producto industrial, artesanal, minero, agropecuario u otro, cuyo cultivo o elaboración sean lícitos, podrá exportarse sin necesidad de permisos o licencia previas…". Mientras subsista este decreto, tenemos la esperanza de tener libertad económica.
Asimismo, el art. 72 del mismo, nos dice: "A partir de la fecha (1985) se determina que los precios de bienes y servicios en todo el territorio de la República, se establecerán libremente". Lo que significa que los precios, los establece la oferta y la demanda, el mercado.
Para muchos desinformados, el libre comercio es la causa del problema, piden la intervención del Estado, porque: "El Estado debe corregir las desigualdades que provoca el fracasado sistema económico", demagógicamente recurren al viejo y trillado discurso del "idiota latinoamericano".
Pero actualmente, la realidad nos demuestra que la injusticia proviene del Estado. El problema es la intervención. Cuando el Estado interviene en economía por una "buena intención", lo que produce es el efecto contrario, provoca injusticia, aumenta la desigualdad, otorga privilegios, subvenciones, monopolios, empobrece, en otras palabras: "prostituye el mercado".
Los productores, empresarios, empleados industriales, cargadores, transportistas, comerciantes, etc., piden que el Estado deje de intervenir en el mercado, reclaman que les dejen ejercer una de las actividades más antiguas y anteriores a la creación de cualquier Estado, una actividad que se presenta como una institución social de creación espontánea, que permite y permitió la supervivencia de millones y millones de humanos, estamos hablando del comercio.
Gracias a la intervención arbitraria y abusiva del Estado, estamos perdiendo la oportunidad de mostrarnos confiables frente a otros países. Ganarse la confianza es muy difícil y cuando se la pierde es casi imposible volver a recuperarla. No por nada, Alan García, Presidente del Perú, manifestó que la prohibición del gobierno boliviano a la exportación de aceites comestibles "es un error", ya que esa medida también afecta a su país, que compra 18.000 toneladas del producto.
Ante tales declaraciones, el Ministro de Hacienda boliviano, Luis Arce, asumió la vieja postura ideológica del "idiota latinoamericano", dijo: "No podemos aceptar que ningún presidente, de ningún país, nos diga si las medidas (que adoptamos) son buenas o malas", también criticó la política "neoliberal de países como Perú y Colombia". Que por cierto, Perú tiene como asesor económico a un gigante como Hernando de Soto, lamentablemente en Bolivia tenemos a utópicos irresponsables.
Conviene advertir que colombianos y peruanos celebran en Bogotá la cuarta ronda de negociaciones de un acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, siglas en inglés), cuyos países integrantes son: Suiza, Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein, sesiones que terminarán el 6 de abril de 2008, donde se pretende establecer acuerdos comerciales bilaterales, en otras palabras firmar TLC y crear oportunidades para generar trabajo, productos, capital, etc. Ejercer el satanizado Libre comercio.
En Bolivia el "idiota latinoamericano" está en función de gobierno, irresponsablemente puede manifestar que el Estado se ocupará de exportar soya a Venezuela, como lo mantuvo el Viceministro de Transportes, José Kinn, o como dijo la Ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero: "que los transportistas y los pequeños productores no deben preocuparse porque el Estado está en capacidad de comprar la producción". Mentira. Ni qué decir del Ministro Ramón Quintana, que advirtió con emitir medidas más drásticas hasta que los empresarios bajen el precio del aceite. Así el burócrata interviene en la esfera privada. Castiga al que tiene cierto éxito, en vez de estimularlo.
El economista Ludwing Von Mises, nos advertía que la regulación de los precios y la intervención del Estado en la economía conduce hacia el socialismo, ya que cuando el Estado cree que el precio del aceite es demasiado alto, en su intento de fijar un precio tope para el mismo, obliga a producir con pérdidas, por lo que el productor se verá obligado a comprar menos soya. Nadie, en su sano juicio, produce para perder, por lo que, el productor se verá obligado a dejar de producir y vender aceite en un mercado controlado, preferirá realizar otra actividad más provechosa o trasladar su industria a otro país. Por lo tanto, habrá menos aceite para la población. Seguramente, en principio, no fue esa la intensión del gobierno, pero su intervención puede generar efectos no deseados. Un problema mayor y peor surge a partir de unas "buenas intensiones".
El Estado intervencionista, como dice Mises, no admite su fracaso, no se abstiene de manipular los precios, sigue adelante fijando los precios de los factores de producción que se requieran para producir aceite. El gobierno, impone precios, regulaciones, trabas a todos los artículos necesarios para producir aceite comestible: soya, mano de obra, transporte, materiales.
Sin duda los ciudadanos bolivianos, poco a poco se están dando cuenta de la importancia de la Economía de Mercado, pero están aprendiendo con sangre, gracias al intervencionismo estatal. Pero: ¿En esta "Guerra del aceite" dónde está la dirigencia fabril?
Entre las condiciones de la oposición para volver al diálogo, está el pedido de no intervención estatal en la economía. Por eso, se prevé el fracaso del diálogo, ya que el Vicepresidente cerró toda señal de apertura, tras la decisión unilateral del gobierno de no tocar temas económicos en el mismo.
Aprendamos la lección: mientras más intervención estatal, más pobreza y desempleo.
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