miércoles, 30 de abril de 2008

Por el bien común

Luis Christian Rivas Salazar

El Superintendente de Empresas, Rolando Morales, justifica los alcances del D.S. Nº 29519 (Medidas en defensa del consumidor que influyan negativamente en el mercado provocando especulación de precios). También tenemos los D.S. Nº 29460 (Prohibición a las exportaciones), D.S. Nº 29480 (Ampliación de productos de exportación restringida). Así, el Estado es una especie de Robin Hood, sui generis, que no permitirá que Goliats empresarios afecten el bien común.

Lo cierto es que el gobierno está incurriendo en una conducta restrictiva a la libre competencia, aspecto que viene siendo analizado por Pablo Sevilla Encinas, de cuyo análisis, presento lo siguiente:

La GATT (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros), acuerdo en plena vigencia y suscrito en Ginebra en 27 de enero de 1993, ratificado mediante Ley Nº 1549 de 28 de marzo de 1994, y el Acta Final de la Ronda de Uruguay, que incorpora los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales del Acuerdo GATT, acuerdos suscritos por Bolivia en ocasión de la Reunión Ministerial de Marrakech, ratificado por Ley Nº 1637 de 5 de julio de 1995, establece en su Artículo XXXVI, parágrafo 1º: Para que haya elevación del nivel de vida y desarrollo progresivo de las economías, las exportaciones desempeñan un papel vital en el desarrollo económico. El parágrafo 2º, dice: Es necesario asegurar un aumento rápido y sostenido de los ingresos de exportación, y, el parágrafo 3º, menciona que: Es necesario realizar esfuerzos positivos para que los países poco desarrollados obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico.

Asimismo, la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones (Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina), en su Capítulo III, Art. 7 dice que se presume que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de: a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización; b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios; d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado.

Por mi parte, puedo manifestar que el D.S. 21060 en su art. 49, nos dice que: "Los bienes y servicios en general podrán exportarse libremente. Por consiguiente, todo producto industrial, artesanal, minero, agropecuario u otro, cuyo cultivo o elaboración sean lícitos, podrá exportarse sin necesidad de permisos o licencia previas…". Mientras subsista este decreto, tenemos la esperanza de tener libertad económica.

Asimismo, el art. 72 del mismo, nos dice: "A partir de la fecha (1985) se determina que los precios de bienes y servicios en todo el territorio de la República, se establecerán libremente". Lo que significa que los precios, los establece la oferta y la demanda, el mercado.

La Constitución Política del Estado, todavía vigente en su Artículo 7º d), sobre los Derechos Fundamentales indica que toda persona tiene derecho: "Al trabajo y a dedicarse al comercio, la industria y a la profesión, oficio o actividad económica lícita de su elección, en condiciones que no perjudiquen el bienestar colectivo".

Por todo lo anteriormente dicho, podemos decir que existe incompatibilidad entre las decisiones tomadas por el gobierno en contra de los agricultores, empresarios, gremiales, transportistas, cargadores y las normas legales nacionales e internacionales vigentes entre nuestro país, por un supuesto bien común.

Sobre los conceptos de "bienestar colectivo", el "bien común", el "interés social", "función social", "interés colectivo", "función social" han servido y sirven como eslogan para justificar la imposición de la tribu, la tiranía. El grado de esclavitud o libertad del individuo se mide por la mayor invocación o ignorancia del slogan en ciertas sociedades. Según la filósofa Ayn Rand, "El bien común" (o "el interés público") es un concepto indefinido e indefinible, porque "el público", "lo colectivo" es simplemente un número de individuos. El concepto de "bien común" carece de significación, salvo que se le tome en sentido literal, en cuyo caso el único significado posible es: la suma del bien de todos los individuos considerados, pero: ¿cuál es el bien de todos los individuos y cómo se determina?

La razón por la que son aceptados dichos conceptos, es porque los mismos, son ambiguos, elásticos, místicos, y, suelen ser apaleados para justificar moralmente decretos y decisiones políticas, que en el fondo son inmorales, ya que recurriendo a lo etéreo, se entrega un justificativo a los políticos para escapar de lo moral y lo legal.

Aceptar el "bien común", es apelar a una especie de "bien de la mayoría", lo que significa según el razonamiento de Rand, que el bien de "algunos" hombres adquiere prioridad sobre el bien de otros, quedando estos otros relegados a la condición de animales para sacrificio. Pero si violamos el derecho de un individuo, abolimos todos los derechos.

En Bolivia, cabe preguntarse con Rand: ¿Es el hombre un individuo soberano, dueño de su persona, su mente, su vida, su trabajo y los productos de éste?, ¿o es el hombre propiedad de la tribu (del Estado, la sociedad, la colectividad), la cual puede disponer de él a su antojo, dictar sus convicciones, prescribir el curso de su vida, controlar su trabajo y expropiar sus productos? ¿Es el hombre boliviano libre o tiene trabas estatales para trabajar y producir para mantener su vida?

Santa Cruz

J. Lizandro Coca Olmos

En cuatro días (el 4 de mayo) Santa Cruz le demostrará a Bolivia que ha decidido ser la sociedad líder de los cambios políticos que llevan a la modernidad, en contraposición a la actual moda de la involución hacia el tribalismo arcaico.

Y no es que los cruceños no hayan demostrado con anterioridad su afán por superar al occidente de Bolivia en todos los campos posibles. Precisamente la puesta en marcha de su autonomía departamental constituirá la señal contundente del liderazgo de Santa Cruz, el primer cambio revolucionario boliviano del siglo XXI, y el principio de la construcción de una república adecuada al nuevo milenio.

La señal contundente porque, como ya lo he dicho, el oriente boliviano, encabezado por Santa Cruz, nos ha venido demostrando que es posible articular un modelo de desarrollo que funcione exitosamente, alejándonos de la matriz monoproductiva y dejando de lado la siempre repetida historia de la exportación de materia prima. Es decir, vencer a lo que Roberto Laserna llama "la maldición de los recursos naturales" e implementar un modelo de desarrollo basado en la producción de múltiples bienes con valor agregado, en una economía de escala, y con mayor potencial de generación de empleo. El empresariado oriental, con su espíritu emprendedor, su audacia y entereza, ha demostrado de sobra su superioridad frente a las viejas aristocracias empresariales de occidente (digo viejas porque en El Alto hay unas nuevas que también poseen una visión fresca de empresa). Santa Cruz casi ha dejado de tomar a sus políticos y dirigentes como farándula porque, a diferencia de occidente, posee una verdadera farándula que enorgullece y representa a Bolivia en el exterior. En los últimos años hemos visto cómo los cruceños consolidan y fortalecen lo que algunos denominan "intelectualidad camba" proponiendo visiones y debates para la agenda del pensamiento nacional. Y para probar todo esto no se necesita ni encuesta ni estudio alguno, es cuestión de lógica, la migración interna es muestra suficiente, las personas se van a donde las cosas están mejores, donde hay mayores oportunidades y donde existe mayor desarrollo. Las autonomías departamentales, como una forma de lograr que cada departamento tome las riendas de su propio destino, que asuma la responsabilidad de su desarrollo y demuestre su mayoría de edad, es la nueva visión de país que iniciará Santa Cruz, y a la que debemos sumarnos los bolivianos.

Es el primer cambio revolucionario boliviano del siglo XXI, entendiendo como "revolucionario" un proceso que modifique profundamente la dinámica social de una nación (y no las idioteces armamentistas de los izquierdistas del paleolítico), porque le dice adiós a la exclusividad de las decisiones tomadas en La Paz (que fue nuestra dinámica durante casi doscientos años de república), y porque al destruir casi por completo la camisa de fuerza del centralismo, generará procesos diferenciados de evolución y adecuación del poder político y económico de acuerdo a las particularidades culturales y geográficas de cada departamento. Es decir, Bolivia seguirá siendo una sola (a no ser que los necios del gobierno nos arrastren al enfrentamiento) pero con características aun más marcadas dependiendo de la región en la que nos encontremos. Así es, creo que las autonomías no solo serán un mecanismo de respeto a la diversidad, sino que la promoverán y enriquecerán.

El principio de la construcción de un Bolivia para el nuevo milenio, porque los nuevos tiempos requieren de mayor eficiencia institucional, económica, social, política, etc. Nadie en su sano juicio, en pleno 2008, plantearía que la mayor concentración del poder y la centralización de los procesos es beneficiosa para ninguna sociedad (lo hacen los del MAS, pero por eso escribí "nadie en su sano juicio"). Ni siquiera las grandes transnacionales y los grandes capitales piensan hoy en crear empresas paquidérmicas que concentren todo, y más bien lo que buscan es integrar redes de pequeñas y medianas empresas, o descentralizar y subsidiarizar, porque eso es lo que funciona en pos de mejorar la productividad, la competitividad y conseguir mayores beneficios.

Desde aquí que sepa Santa Cruz, la ciudad cuyo aire fue el primero que inhalaron mis pulmones, que el mío es un voto más por el "si". Un voto que lamentablemente no estará registrado en la Corte Departamental Electoral, pero que siempre estará presente en mi corazón y en mi alma. ¡Vamos por el "si", por la autonomía, que nada ni nadie nos detenga!