sábado, 12 de julio de 2008

Una inflación de mentiras

Mauricio Ríos García

La economía ha entrado en una dinámica lesionada a causa de la priorización de la política hormonal y la postergación de una gestión económica realista, en la que el partido de gobierno, Movimiento Al Socialismo, ha involucrado ya no solo a quienes contemplamos el largo plazo, sino a quienes experimentan el incremento de los precios diariamente.

El pasado 8 de julio, en el periódico La Razón, el Ministro de Hacienda Luis Alberto Arce Catacora, escribió un artículo que lleva el título de "La Inflación, un fenómeno mundial", en un desesperado intento de justificar un tremendo bulto debajo de la alfombra.

El Ministro hace bien al iniciar el tema afirmando que "la inflación se ha constituido en el malestar general de muchas economías del mundo a partir del 2007 y en la preocupación de autoridades gubernamentales nacionales e internacionales quienes han asumido un conjunto de políticas para enfrentar la crisis alimentaria, asociada a los altos precios de alimentos y energía. Bolivia fue uno de los primeros, sino el primero, en la ejecución de políticas antiinflacionarias en el año 2007", y también hace bien en afirmar que "a esta altura de la historia, no hay duda de que la inflación de estos últimos años es un fenómeno mundial".

Hasta aquí estamos de acuerdo, y en realidad con el artículo entero, aunque en realidad no haya dicho nada nuevo. Sucede que Arce contaría con el apoyo de cualquier economista sensato, si no hubiese omitido de principio a fin, la nueva lógica que el Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene para construir el Índice de Precios al Consumidor. Estamos convencidos de que existe inflación, pero no de la forma en que primero se construyen sus datos, y segundo, la ligereza con que se los interpreta.

La Fundación Milenio ha publicado un nuevo documento a cargo de Juan Brun, José Luis Evia y Germán Molina, dada la volatilidad e incertidumbre política: "Las implicaciones del cambio en la metodología de cómputo de la inflación en Bolivia".

Además del hecho de que el INE no haya realizado ningún anuncio sobre el método que pretende aplicar para reconstruir la serie de datos del IPC en función de una nueva base, el documento de la Fundación revela que la ponderación de los artículos dentro del indicador no ha sido la más apropiada, ya que esta expresa que los bolivianos hemos incrementado nuestro consumo, habiendo caído nuestra renta. Esto genera -desde luego-, falta de credibilidad, distorsión en las cuentas nacionales y serios riesgos financieros.

Pero hay más, el “gobierno de los pobres” no se está dando cuenta de que con sus datos estaría afirmando (matemáticamente), que la calidad de vida de los bolivianos ha mejorado desde 1990, y peor aún, ¡estaría dando por ganada la batalla a todos sus enemigos, “los gobiernos neoliberales que condujeron al país hacia el infierno y la peor desgracia de su historia”!

Lo que se confirma con aquella manifestación del Ministro (y por lo tanto su gobierno), de que el incremento de precios en Bolivia solamente es parte de un fenómeno mundial, es que ya no se trata de simple retórica, sino de haber involucrado a una de las instituciones que contaba con más prestigio y que más había costado construir. No se trata más que de una complicidad que institucionaliza la mentira y reporta corrupción.

¿Esta es la forma en que un economista golpea la puerta de la pobreza, Ministro?

http://riosgarcia.blogspot.com/

miércoles, 30 de abril de 2008

Por el bien común

Luis Christian Rivas Salazar

El Superintendente de Empresas, Rolando Morales, justifica los alcances del D.S. Nº 29519 (Medidas en defensa del consumidor que influyan negativamente en el mercado provocando especulación de precios). También tenemos los D.S. Nº 29460 (Prohibición a las exportaciones), D.S. Nº 29480 (Ampliación de productos de exportación restringida). Así, el Estado es una especie de Robin Hood, sui generis, que no permitirá que Goliats empresarios afecten el bien común.

Lo cierto es que el gobierno está incurriendo en una conducta restrictiva a la libre competencia, aspecto que viene siendo analizado por Pablo Sevilla Encinas, de cuyo análisis, presento lo siguiente:

La GATT (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros), acuerdo en plena vigencia y suscrito en Ginebra en 27 de enero de 1993, ratificado mediante Ley Nº 1549 de 28 de marzo de 1994, y el Acta Final de la Ronda de Uruguay, que incorpora los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales del Acuerdo GATT, acuerdos suscritos por Bolivia en ocasión de la Reunión Ministerial de Marrakech, ratificado por Ley Nº 1637 de 5 de julio de 1995, establece en su Artículo XXXVI, parágrafo 1º: Para que haya elevación del nivel de vida y desarrollo progresivo de las economías, las exportaciones desempeñan un papel vital en el desarrollo económico. El parágrafo 2º, dice: Es necesario asegurar un aumento rápido y sostenido de los ingresos de exportación, y, el parágrafo 3º, menciona que: Es necesario realizar esfuerzos positivos para que los países poco desarrollados obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico.

Asimismo, la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones (Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina), en su Capítulo III, Art. 7 dice que se presume que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de: a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización; b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios; d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado.

Por mi parte, puedo manifestar que el D.S. 21060 en su art. 49, nos dice que: "Los bienes y servicios en general podrán exportarse libremente. Por consiguiente, todo producto industrial, artesanal, minero, agropecuario u otro, cuyo cultivo o elaboración sean lícitos, podrá exportarse sin necesidad de permisos o licencia previas…". Mientras subsista este decreto, tenemos la esperanza de tener libertad económica.

Asimismo, el art. 72 del mismo, nos dice: "A partir de la fecha (1985) se determina que los precios de bienes y servicios en todo el territorio de la República, se establecerán libremente". Lo que significa que los precios, los establece la oferta y la demanda, el mercado.

La Constitución Política del Estado, todavía vigente en su Artículo 7º d), sobre los Derechos Fundamentales indica que toda persona tiene derecho: "Al trabajo y a dedicarse al comercio, la industria y a la profesión, oficio o actividad económica lícita de su elección, en condiciones que no perjudiquen el bienestar colectivo".

Por todo lo anteriormente dicho, podemos decir que existe incompatibilidad entre las decisiones tomadas por el gobierno en contra de los agricultores, empresarios, gremiales, transportistas, cargadores y las normas legales nacionales e internacionales vigentes entre nuestro país, por un supuesto bien común.

Sobre los conceptos de "bienestar colectivo", el "bien común", el "interés social", "función social", "interés colectivo", "función social" han servido y sirven como eslogan para justificar la imposición de la tribu, la tiranía. El grado de esclavitud o libertad del individuo se mide por la mayor invocación o ignorancia del slogan en ciertas sociedades. Según la filósofa Ayn Rand, "El bien común" (o "el interés público") es un concepto indefinido e indefinible, porque "el público", "lo colectivo" es simplemente un número de individuos. El concepto de "bien común" carece de significación, salvo que se le tome en sentido literal, en cuyo caso el único significado posible es: la suma del bien de todos los individuos considerados, pero: ¿cuál es el bien de todos los individuos y cómo se determina?

La razón por la que son aceptados dichos conceptos, es porque los mismos, son ambiguos, elásticos, místicos, y, suelen ser apaleados para justificar moralmente decretos y decisiones políticas, que en el fondo son inmorales, ya que recurriendo a lo etéreo, se entrega un justificativo a los políticos para escapar de lo moral y lo legal.

Aceptar el "bien común", es apelar a una especie de "bien de la mayoría", lo que significa según el razonamiento de Rand, que el bien de "algunos" hombres adquiere prioridad sobre el bien de otros, quedando estos otros relegados a la condición de animales para sacrificio. Pero si violamos el derecho de un individuo, abolimos todos los derechos.

En Bolivia, cabe preguntarse con Rand: ¿Es el hombre un individuo soberano, dueño de su persona, su mente, su vida, su trabajo y los productos de éste?, ¿o es el hombre propiedad de la tribu (del Estado, la sociedad, la colectividad), la cual puede disponer de él a su antojo, dictar sus convicciones, prescribir el curso de su vida, controlar su trabajo y expropiar sus productos? ¿Es el hombre boliviano libre o tiene trabas estatales para trabajar y producir para mantener su vida?